top of page

Protestas en Colombia tendrán nuevas reglas de actuación para autoridades

10 oct
3 min de lectura

Redacción Comunitaria por Innovación Radio Online


El Gobierno Nacional anunció que este viernes 11 de octubre de 2026 el presidente Abelardo de la Espriella firmará la reforma al decreto que regula la protesta social en Colombia, una iniciativa que busca actualizar las reglas para las manifestaciones y establecer criterios más claros sobre la actuación de las autoridades. Según explicó el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, el objetivo principal es diferenciar las protestas pacíficas de los actos violentos y garantizar la protección de quienes ejercen su derecho a la movilización.


¿Qué cambia con la reforma?


La propuesta modifica el Decreto 003 de 2021, expedido tras una decisión de la Corte Suprema de Justicia, y surge luego de un proceso de consultas con organizaciones sociales, representantes de la sociedad civil y entidades del Estado.


De acuerdo con el ministro, la filosofía de la reforma se resume en una frase:


"Ni un derecho menos para quien protesta, ni un espacio más para quien destruye".

El Gobierno sostiene que el nuevo texto busca brindar mayor claridad a manifestantes, alcaldías y organismos de seguridad sobre cómo actuar en distintos escenarios de protesta.


Conductas que serían consideradas violentas


Uno de los cambios más importantes consiste en establecer una definición explícita de violencia en el contexto de las movilizaciones.


Entre las conductas que el nuevo decreto catalogaría como violentas se encuentran:


  • Agresiones físicas contra personas.

  • Lanzamiento de objetos capaces de causar lesiones graves.

  • Retención o privación de la libertad de personas.

  • Utilización de menores de edad en acciones de protesta.

  • Porte o uso de armas durante manifestaciones.


Según el Gobierno, estas precisiones evitarían interpretaciones ambiguas y permitirían actuar frente a hechos que exceden el ejercicio legítimo del derecho a la protesta.


El diálogo seguirá siendo la primera opción


La reforma mantiene como principio fundamental el diálogo entre autoridades y manifestantes.


Sin embargo, el Ministerio del Interior propone establecer ocho causales específicas para determinar cuándo una etapa de diálogo puede considerarse agotada y dar paso a otras medidas institucionales.


Entre esas situaciones se encuentran:


  • Bloqueo de misiones médicas.

  • Afectación de servicios públicos esenciales.

  • Riesgo de desabastecimiento de alimentos o medicamentos.

  • Agresiones contra personal médico.

  • Ataques o agresiones a periodistas.

  • Presencia o utilización de armas.


El objetivo, según el Gobierno, es evitar que algunos conflictos permanezcan indefinidamente sin una respuesta clara por parte de las autoridades.


Respuesta escalonada ante las manifestaciones


El proyecto plantea un esquema progresivo de actuación:


  1. Intervención de gestores de convivencia.

  2. Diálogo directo con autoridades locales.

  3. Procesos de mediación.

  4. Fase de disuasión cuando existan hechos violentos.

  5. Eventual intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO).


El Ejecutivo aseguró que el uso de la fuerza continuará siendo una medida excepcional y deberá aplicarse únicamente como último recurso.


Habrá corredores solidarios


Otra de las novedades del decreto es la creación de los llamados corredores solidarios, mecanismos que buscarían garantizar el tránsito de servicios esenciales durante las movilizaciones.


La medida pretende evitar cierres prolongados de vías estratégicas, corredores de transporte público y carriles exclusivos de sistemas como TransMilenio.


Según el Gobierno, esta herramienta permitiría proteger simultáneamente el derecho a la protesta y los derechos de los ciudadanos que requieren movilidad, atención médica o abastecimiento.


El decreto entra en su etapa final


El texto ya fue ajustado tras la etapa de observaciones públicas y ahora queda pendiente únicamente la firma presidencial para entrar en vigor.


Desde el Ministerio del Interior insisten en que la reforma no busca restringir la protesta social, sino establecer reglas más claras para diferenciar las manifestaciones pacíficas de los comportamientos violentos.

Comentarios


bottom of page