Bombardeos y menores reclutados: el debate que vuelve a dividir al país
Redacción Comunitaria por Innovación Radio Online
La estrategia de bombardeos ordenada por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella contra grupos armados ilegales abrió una nueva controversia nacional tras la muerte de varios menores de edad en recientes operaciones militares y las decisiones judiciales que buscan limitar este tipo de ataques cuando exista información sobre la presencia de niños y adolescentes reclutados.
La discusión enfrenta dos principios fundamentales: la obligación del Estado de combatir estructuras armadas ilegales y el deber constitucional de proteger a los menores de edad, incluso cuando estos han sido reclutados por organizaciones criminales.
La tutela que cambió el panorama
El debate tomó fuerza después de que el Juzgado 34 de Familia de Bogotá admitiera una acción de tutela presentada por el abogado Ower Jimmy Borda Parra, quien actúa como agente oficioso de menores reclutados por grupos armados. Como medida provisional, la juez ordenó al Gobierno y a las Fuerzas Militares abstenerse de realizar operaciones aéreas ofensivas cuando exista información "cierta, objetiva o razonablemente verificable" sobre la presencia de niños, niñas o adolescentes en los objetivos militares.
La decisión no prohíbe todos los bombardeos ni suspende las operaciones militares de manera general. Sin embargo, obliga a las autoridades a demostrar que tomaron medidas de protección y que no existe una alternativa menos lesiva para alcanzar el objetivo militar antes de autorizar un ataque aéreo.
Los bombardeos que provocaron la controversia
La decisión judicial surgió después de varios operativos militares recientes. El caso que más impacto generó fue la Operación Amón, realizada el 27 de agosto en El Retorno, Guaviare, donde murieron diez personas. Posteriormente, Medicina Legal confirmó que entre los fallecidos había al menos tres menores de edad.
A ese hecho se sumó otro bombardeo realizado en el Catatumbo durante agosto, en el que también murió un menor de edad, aumentando las críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos y de algunos sectores políticos frente a la política de seguridad del Gobierno.
¿Qué dicen quienes apoyan la suspensión?
Los defensores de la tutela argumentan que los menores reclutados son víctimas del conflicto armado y no pueden ser tratados únicamente como integrantes de estructuras criminales. Según Ower Jimmy Borda, el objetivo no es impedir la acción de las Fuerzas Militares, sino obligar al Estado a fortalecer sus mecanismos de inteligencia y protección para evitar que los niños terminen muriendo durante las operaciones.
La jueza que adoptó la medida también recordó que los menores reclutados cuentan con una protección reforzada en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por Colombia.
Además, la Defensoría del Pueblo ha advertido en múltiples ocasiones sobre el incremento del reclutamiento forzado por parte de grupos armados en distintas regiones del país.
¿Qué argumenta el Gobierno?
Desde el Gobierno han surgido críticas a la decisión judicial. Algunos funcionarios consideran que el criterio de "presencia razonablemente verificable" puede generar dificultades operativas para las Fuerzas Militares y limitar la capacidad de reacción contra grupos armados ilegales.
La administración de De la Espriella sostiene que quienes reclutan menores son los verdaderos responsables de poner en riesgo a niños y adolescentes, al utilizarlos dentro de campamentos insurgentes y estructuras criminales.
Por ello, el Gobierno ha anunciado recursos judiciales para controvertir la medida mientras continúa desarrollando su estrategia de seguridad.
Un debate que apenas comienza
El caso podría convertirse en una de las discusiones más importantes sobre derechos humanos y seguridad en Colombia durante los próximos meses. La decisión final de la tutela determinará si las restricciones temporales se mantienen o si el Gobierno recupera plena autonomía para emplear bombardeos en su ofensiva contra grupos
armados.
Mientras tanto, la pregunta sigue abierta: ¿cómo proteger a los menores reclutados sin renunciar a la lucha contra las organizaciones que precisamente los utilizan como escudos y combatientes? Esa será la compleja discusión jurídica, militar y ética que el país deberá resolver.
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