La caída de alias “Bendito Menor” marca la nueva estrategia de seguridad de De la Espriella
Redacción Comunitaria por Innovación Radio Online
La política de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella ha tomado un rumbo marcado por el fortalecimiento de las operaciones militares, la suspensión de varios procesos de negociación con grupos armados y una mayor coordinación con Estados Unidos en materia de lucha contra organizaciones criminales.
La reciente muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, conocido con los alias de “Bendito Menor” o “Naín”, máximo jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), se convirtió en uno de los golpes más significativos de las últimas semanas dentro de la nueva estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno Nacional.
Un giro en la política de seguridad
Desde el inicio de su administración, De la Espriella ha promovido medidas orientadas a aumentar la presión sobre grupos armados ilegales y organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Entre las decisiones más destacadas están:
La reactivación de la política de erradicación de cultivos ilícitos con uso de glifosato.
El impulso a procesos de extradición hacia Estados Unidos de cabecillas requeridos por la justicia internacional.
La suspensión de diálogos con diferentes estructuras armadas ilegales.
El fortalecimiento de operaciones aéreas y terrestres contra organizaciones criminales.
Estas medidas reflejan un cambio significativo frente a modelos de negociación que habían predominado en años anteriores.
La caída de alias “Bendito Menor”
Uno de los hechos más relevantes ocurrió el pasado 4 de septiembre, cuando en una operación desarrollada en La Guajira murió alias “Bendito Menor”, considerado el principal jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
Según la información oficial, en el operativo también murieron otras personas cercanas a su círculo de seguridad, lo que representó un golpe importante para la estructura criminal que operaba en la región Caribe.
Las autoridades consideran que esta acción fortalece la ofensiva estatal contra organizaciones dedicadas al narcotráfico, la extorsión y otras actividades ilegales.
La controversia por los bombardeos
La estrategia de seguridad también ha estado acompañada de fuertes debates jurídicos y políticos.
En las últimas semanas, operaciones militares contra estructuras armadas ilegales generaron polémica luego de que se confirmara la muerte de menores de edad reclutados por grupos armados durante algunos bombardeos.
La situación llevó a que un juzgado ordenara provisionalmente abstenerse de realizar operaciones aéreas ofensivas en zonas donde exista información verificable sobre la presencia de niños, niñas o adolescentes reclutados.
Sin embargo, desde el Gobierno se han expresado críticas a esta decisión judicial. Algunos funcionarios sostienen que la medida podría limitar la capacidad operativa de las Fuerzas Militares frente a estructuras ilegales.
Cooperación internacional
Otro de los elementos que marca la actual estrategia es el fortalecimiento de la cooperación con Estados Unidos.
En ese contexto se enmarca la participación de Colombia en ejercicios y programas de cooperación hemisférica en seguridad, así como la próxima visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a Barranquilla.
Analistas consideran que estos acercamientos podrían traducirse en mayores acciones conjuntas contra el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y las economías ilegales.
Resultados y desafíos
Aunque el Gobierno destaca operaciones recientes y capturas de importantes cabecillas, los expertos advierten que los resultados definitivos de la estrategia solo podrán medirse en los próximos meses.
Entre los principales retos aparecen:
La reducción de los índices de violencia en las regiones.
La protección de la población civil.
El control de los corredores del narcotráfico.
La disminución del reclutamiento de menores.
La consolidación de la presencia institucional en zonas históricamente afectadas por el conflicto.
La caída de alias “Bendito Menor” representa uno de los primeros grandes resultados de la ofensiva de seguridad del Gobierno, pero también evidencia los desafíos jurídicos, militares y humanitarios que acompañan la nueva etapa de la política de orden público en Colombia.
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